0004 / 2007-09-07
Antes de la reforma electoral
Ricardo de la Peña.
No está de más sumarse a las múltiples manifestaciones de rechazo a la pretensión de provocar, so pretexto de una reforma legal, la salida anticipada de los actuales consejeros electorales, como fue entre otras el desplegado firmado por intelectuales, demóscopos y periodistas difundido esta semana (retomado en lo fundamental por Ciro Gómez Leyva).
Y ello no por ninguna defensa a las personas físicas que hoy ocupan esa posición, ni por negar los equívocos partidarios cometidos durante el proceso para su elección. No. El origen de la crítica a este intento de “golpe de Estado” al Instituto Federal Electoral no es darle carta blanca a los actuales consejeros, quienes están obligados y a quienes se les debe exigir cumplir con los criterios rectores de la función del Instituto, sino defender la autonomía del órgano encargado de la organización de las elecciones, evitando que quienes ocupen estos cargos se encuentren sometidos a una camisa de fuerza, al estar implícitamente forzados –en aras de la preservación de su puesto- a satisfacer los intereses de las dirigencias partidarias.
Vulnerar el principio de inamovilidad de los consejeros electorales por el período legalmente establecido no solamente supondría dar sustento a acusaciones infundadas de parcialidad del órgano en el proceso electoral del año pasado, sino que sentaría un precedente nefasto para la conformación de una auténtica poliarquía, reduciendo el poder de la instancia electoral a las voluntades de los partidos, lo que se pretendió erradicar con un largo y tortuoso proceso de ciudadanización e institucionalización de los aparatos electorales en el país.
Ello, sin que se descuente que la reforma electoral en ciernes bien pudiera atender el reclamo de escalonar los relevos de consejeros, al margen de que debiera dotar al IFE de plena capacidad para fiscalizar con oportunidad y eficacia a los partidos, lo que pareciera estarse atendiendo en las propuestas puestas hasta hoy en la mesa de negociación.
Y la idea de un relevo escalonado pudiera dar lugar, en una visión distinta a la voluntad de retoma de poderes para los partidos, a la formación de un auténtico poder electoral. Habría que pensar, por ejemplo, en explicitar la no reelección de los consejeros, pero permitir que sean los propios futuros consejeros quienes propongan la lista de posibles nuevos integrantes del órgano superior del Instituto Electoral, deslindando de los partidos el origen de estas listas y, en consecuencia, ciudadanizando efectivamente el proceso de formación del Consejo General.
Empero, detrás de esta reforma también existe el peligro de que se coloque una espada de Damocles sobre los consejeros, si se aprueba la idea de que sea la Cámara de Diputados la electora del Contralor Interno del Instituto Electoral.
Vuelta a la lógica de dar poder censor a los partidos sobre el órgano electoral, cuando pudiera buscarse una creciente autonomía y pluralización de los centros de poder en el ámbito electoral. ¿Qué tal si fuera el Poder Judicial Federal, digamos a través de la Judicatura, el encargado de designar al Contralor?
Es lamentable que el debate sobre el cambio en el Consejo General del IFE, que no representa la esencia de la reforma, se haya mezclado con otros elementos de la agenda, en particular con la pretención de modificar las reglas para el acceso a los medios de comunicación durante las campañas, que se pretende restringir expresa y exclusivamente a los partidos políticos, pero mediante el empleo de tiempos oficiales que estaría a disposición del IFE.
Desde luego que no es lo mismo que el IFE concentre el proceso de contratación de tiempos en medios que buscar que los mensajes proselitistas partidarios sean a cuenta de tiempos oficiales y que, por ende, no impliquen retribución a los propios difusores.
Es en este contexto que debe atenderse la reducción propuesta en el financiamiento a partidos, pues las bolsas a formarse debieran compararse no con los montos totales de financiamiento actuales, sino con el remanente una vez descontado el gasto mediático, que ahora se pretende dejar fuera de las partidas de gasto. Esta comparación habrá que hacerla cuando se resuelva puntualmente los términos de la reforma.
Proscribir y sancionar toda forma de expresión pagada de particulares que pudiera influir en los procesos de decisión de los votantes parece reflejar una visión donde la disputa electoral es exclusivamente un asunto de los partidos y no de los ciudadanos. Y está bien que queramos una democracia de partidos, si es que es posible otra, pero habría que pensar si no estamos coartando en extremo la posibilidad de manifestación de la sociedad sobre un asunto vital: la formación de su representación política.
La intención de restringir la propaganda gubernativa (impidiendo atinadamente a los servidores públicos utilizar las campañas de comunicación para la promoción personal), regular precampañas, acortar campañas, proscribir la “propaganda negra” (cualquiera que sea la inviable definición operativa que se pretenda adoptar de ésta), limitar la intervención de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos y no responder a la decisión de organismos internacionales para posibilitar las candidaturas independientes parecieran ser algunas de las posibles medidas a tomarse que se orientan al fortalecimiento del poder y a la preservación de las actuales dirigencias de los partidos y a dar viabilidad sólo a candidaturas surgidas de estructuras partidarias y órganos de representación, abortando pistas alternativas.
Y no deja de llamar la atención que en este esfuerzo preservador, se haya llegado a la aparentemente abortada intención de modificar la lógica del reparto de los recursos públicos para los partidos, buscando una igualización entre montos y votos (como citó Jorge Alcocer), que ahondaría las diferencias en la capacidad de enfrentamiento de los retos electorales por venir entre partidos mayores y menores.
Ello, luego de que algunos partidos mayores enfrentaran costos elevadísimos por alianzas no exitosas, que tuvieron que hacerse sobre la base de estimaciones de potenciales aportaciones de sufragios, que ahora se transparentarían y pudieran estimarse a posteriori de fructificar la propuesta de que las coaliciones no impliquen la integración de los votos en una única opción electoral, sino la agregación de los sufragios por partidos diferenciados en la boleta.
A estos auténticos avances se sumarían medidas que responden directamente a los cuestionamientos surgidos luego del proceso electoral federal anterior, estableciendo causas de nulidad de la elección presidencial y definiendo causales para el recuento total de votos.
Por todo lo anterior, habrá que seguir de cerca y analizar a detalle esta reforma electoral que pareciera ser integral y que factiblemente se apruebe en las próximas semanas, como primer resultado de la Reforma del Estado, como bien recuerda María Amparo Casar.
Algunos vínculos externos
- Alcocer, Jorge, "Iniciativa", Reforma, 4 de septiembre de 2007.
- Casar, María Amparo, "Ahí vamos", Reforma, 27 de agosto de 2007.
- Gómez Leyva, Ciro, "Ocho puntos", Milenio Diario, 5 de septiembre de 2007.
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