0006 / 2007-09-21
¿Para quién la reforma electoral?
Ricardo de la Peña.
¿La reciente reforma electoral responde o no a las inquietudes y demandas ciudadanas o, al menos, coincide con la agenda de preocupaciones y las propuestas del llamado “círculo rojo”?
Sobre decir que para que una reforma de esta naturaleza y alcance pudiera darse, era necesario el acuerdo de las principales fuerzas políticas partidarias, lo que obligaba a que el sentido de la reforma fuera convincente y conveniente a los intereses de estas organizaciones, o cuando menos para sus dirigencias actuales.
Pero, ¿acaso esto quiere decir que las modificaciones a la Carta Magna pudieron ser ajenas a la efectiva voluntad de los ciudadanos? Se supondría, formalmente, que ello no es así, puesto que el cuertpo legislativo, por más mediaciones que tenga respecto al electorado, no deja de ser elórgano de representación popular por excelencia.
Mas allá de los conceptos, se impone también pensar que las decisiones de los legisladores no pueden ser siempre ni regularmente ajenas y menos contraponerse de manera abierta a las opiniones y expectativas ciudadanas, so pena de que un divorcio entre ambas termine pagándose en las urnas.
Todo esto hace poco creible el discurso que busca reducir la reforma a un mero capricho interesado de los legisladores. Por el contrario: si la reforma no propicia un rechazo franco es porque de alguna manera tiene que ver con lo deseable desde el punto de vista ciudadano.
Y siguiendo en el plano teórico, el sentido de una reforma estará entonces necesariamente situándose lo más próximo posible respecto al punto de vista del legislador promedio, para maximar su respaldo. Y este legislador medio, si bien podrá estar atento a respaldar los intereses y posiciones de los liderazgos partidarios a los que pueda deberse, no puede dejar de ver también al público, preocupado por el éxito electoral futuro de su partido y de su persona.
Veamos que tanto tiene que ver todo este discurso teórico con la evidencia disponible. Primeramente, ¿hay consenso de la sociedad hacia las reformas adoptadas en materia electoral? Depende de a qué aspectos nos estemos refiriendo. Los datos disponibles, producto de la más reciente encuesta nacional GEA-ISA, muestran algunos puntos que indiscutiblemente cuentan con un respaldo mayoritario ciudadano.
El electorado mexicano se inclina por una reducción de los montos de financiamiento público y privado a los partidos, por un acortamiento de la duración de las campañas electorales, por el establecimiento de reglas para regular las precampañas. Así, las modificaciones en estos aspectos resultará simpática para la mayoría de los ciudadanos, aun y cuando detrás de la reducción de los montos directos de financiamiento a los partidos para sus campañas se encuentre un desplazamiento de costos a otros espacios (gobierno y medios), lo que al final de cuentas pudiera dejar a los partidos con una disposición líquida de recursos similar o incluso superior a la que contaban con las reglas anteriores.
Otros aspectos de la reforma electoral no gozan de un consenso social tan claro, por ser puntos polémicos o de difícil comprensión en sus matices por el grueso de la ciudadanía. Los ciudadanos mexicanos no necesariamente están conformes con que se establezcan repartos desiguales entre los distintos partidos conforme a la regla de 70-30 que ha privado en nuestro sistema. Menos aún existe acuerdo con relación a las limitaciones a los formatos y contenidos de la propaganda partidaria. Si bien aprueban que se restrinja la participación de particulares en este ámbito, se orientan por apoyar que sean los propios partidos quienes definan el uso de tiempos en medios electrónicos y no existe un rechazo mayoritario al recurso a formas de propaganda negativa.
En el fondo, pareciera que los electores son más liberales que los políticos en lo que refiere al ámbito de la publicidad en campañas y que prefieren apertura a censura, pudiendo en todo caso los propios votantes decidir premiar o castigar a los contendientes por los mensajes que trasmitan. Pero el punto más crítico de divorcio entre opinión pública y legisladores es lo referente a la institución electoral: no existía una aprobación mayoritaria a la decisión de remover a los consejeros antes de que concluyera su período, ni al nombramiento externo al órgano y por los legisladores del futuro contralor, ni al escalonamiento de la renovación del órgano superior del Instituto Federal Electoral.
De esta manera, si en las reformas a las condiciones y plazos para las campañas se cumple la lógica de proximidad entre posición de legisladores y preferencias ciudadanas, ello no ocurre en el terreno de la regulación de la relación entre medios y política partidaria y menos aún en lo relativo a los cambios en el órgano de arbitraje de los procesos.
Y si estas diferencias privan entre opinión pública y cuerpo legislativo, tampoco pudieran justificarse las reformas por ser coherentes con las demandas de sectores ilustrados.
Un ejemplo de las posiciones de analistas destacados en torno al sentido de las reformas requeridas en materia electoral se encuentra en el libro de reciente aparición Constitución, democracia y elecciones. La reforma que viene, coordinado por Lorenzo Córdova y Pedro Salazar y editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Pueden hallarse de nueva cuenta coincidencias y divergencias. El campo de la regulación de la propaganda en medios electrónicos mostraría un espacio de proximidad, mientras que los vacios de la reforma que llegó se encuentrarían, entre otros aspectos, en el hecho de que no solamente no se respondió a la demanda de regular a los partidos políticos, sino que incluso se restringió más la capacidad interventora del árbitro en la vida interna de estas “organizaciones de interés público”.
En resumen: una reforma de claroscuros, no sólo desde una perspectiva analítica, sino al confrontarla con demandas de sectores informados y opiniones de la ciudadanía. Esta vez no puede pensarse que la reforma es el punto de llegada, sino que muy factiblemente será una parada intermedia en el proceso de adecuación de las normas en materias tan complejas como la propaganda en campañas y la estructura y funcionamiento de los órganos reguladores de los comicios. Al tiempo.
Artículos relacionados
 Luego de la reforma electoral (El Búho de Minerva 0005 / 2007-09-14).
Antes de la reforma electoral (El Búho de Minerva 0004 / 2007-09-07).
Algunos vínculos externos
- Córdova, Lorenzo y Pedro Salazar (coordinadores), Constitución, democracia y elecciones. La reforma que viene, Universidad Nacional Autónoma de México-International Idea, México, 2007.
- Tercera encuesta nacional GEA-ISA 2007, México, 7-10 de septiembre de 2007, 1000 entrevistas personales en hogares.
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