0012 / 2007-11-06
La tragedia de Tabasco
Ricardo de la Peña.
I
En el puente de muertos y esta semana el foco de atención fue, indudablemente, la tragedia que se vive en los estados del Sureste mexicano: Tabasco y Chiapas.
No viene al caso recapitular puntualmente lo ocurrido. Podemos simplemente recordar que, como consecuencia de las elevadas precipitaciones en la temporada de lluvias, se incrementó sustancialmente el caudal de los ríos que bañan la región, provocando su desbordamiento, al rebasarse las barreras naturales y artificiales que suelen contenerlos.
En Tabasco, las inundaciones cubrieron la mayor parte del territorio y prácticamente la totalidad de los municipios y sus localidades urbanas se vieron afectados; hasta ahora y por fortuna, se reportan mínimas pérdidas de vidas humanas por las inundaciones.
A diferencia, en Chiapas, donde algunos municipios se vieron también seriamente afectados por estas inundaciones y donde el desgajamiento de un cerro sepultó un centenar de casos y provocó la muerte de al menos una docena de personas.
En contraparte, las pérdidas económicas y materiales en Tabasco son millardianas. En primer término, la infraestructura urbana y las viviendas se vieron seriamente afectadas en la mayor parte del territorio de la entidad.
Además, se daño de manera grave gran parte de la planta industrial y se detuvo la producción tanto de empresas públicas como privadas, el comercio y el turismo. En el campo, se reporta la pérdida de la totalidad de las cosechas.
Todo lo anterior, indudablemente, provoca un deterioro en las condiciones de vida de la población de esta entidad y reduce las expectativas de desarrollo en el corto y medio plazos, aún con la esperable asistencia y estímulos que sean prestados desde la Federación por diversas vías, y del esfuerzo que pongan los propios tabasqueños y su gobierno para la reconstrucción y el relanzamiento económico de la entidad.
La respuesta ante el desastre fue inmediata. Desde el gobierno estatal se buscó prevenir los daños humanos y materiales de la tragedia, advirtiendo de la posibilidad de su ocurrencia y demandando el desalojo anticipado a los potenciales afectado. Una vez acaecido el desastre, la acción de salvamento fue dirigida personalmente por el Gobernador Granier, quien se mantuvo y mantiene al frente de los trabajos de rescate y ayuda a los damnificados.Desde el gobierno de la República, el Presidente Calderón ha estado presente y activo en repetidas ocasiones para auxiliar y coordinar la acción de múltiples dependencias federales que colaboran en las tareas más urgentes; entre ellas, un lugar destacado, como siempre, lo han ocupado las fuerzas armadas.
Pero también ha estado presente la acción solidaria de la sociedad. En primer lugar, los propios tabasqueños han luchado por contener en lo posible desbordes adicionales y ayuda a los más necesitados. Desde diversos puntos del país, destacadamente la ciudad de México, se ha hecho acopio de víveres, artículos de primera necesidad, ropa, medicinas, que se han estado enviando a la entidad afectada. Incluso, aunque tardíamente, ha comenzado a fluir ayuda internacional.
El sector financiero ha hecho su parte, abriendo cuentas bancarias específicamente destinadas a la captación de recursos líquidos que apoyen al salvamento y la recuperación inmediata y operando en horarios extendidos para facilitar los depósitos particulares.
II
Pero, más allá de la acción solidaria y la respuesta eficiente ante lo urgente, han surgido voces que reclaman o parecieran externar críticas a las condiciones que posibilitaron que ocurriera esta tragedia.
Las hay locales, con su dejo de oportunismo partidario. Pero otras han sido las voces surgidas del exterior, en particular la destacada referencia a una declaración de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que apunta que la tragedia se pudo evitar con “medidas relativamente sencillas y fáciles de aplicar”, tales como el establecimiento de sistemas de alerta temprana, evaluación de riesgos, planes de desalojo, educación a la población vulnerable y planeación del uso de tierra.
Al respecto, Sálvano Briceño, director de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de la ONU, recordó que este tipo de medidas "no estructurales" ( que no se relacionan con grandes decisiones gubernamentales) están al alcance financiero de la mayoría de las comunidades.
Cabe recordar que, desde hace una década, la propia ONU había advertido ya de la posibilidad de un desastre en Tabasco como el ocurrido, según recordó en estos días la organización Greenpeace en México.
Tan es así que, apenas hace ocho años, en 1999, la ocurrencia de diversos fenómenos climatológicos extremos derivó en precipitaciones muy superiores a los niveles acostumbrados, provocando el desbordamiento de ríos en las partes bajas de la entidad y la inundación de grandes extensiones, como fue el caso de la ciudad de Villahermosa.
Como respuesta a esos hechos, la Comisión Nacional del Agua (CNA) inició los trabajos del Plan Hidráulico de Tabasco (PHT), cuya prioridad manifiesta fue brindar seguridad y tranquilidad a la capital tabasqueña ante el embate de futuros fenómenos meteorológicos. Entre los trabajos a realizar destacaban obras de protección, levantamiento de bordos de contención y desazolve de ríos, para resolver supuestamente en definitiva la problemática de inundaciones en la entidad.
Luego, en 2003, fue creado el Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI), entre la Comisión Nacional del Agua y el gobierno estatal, con una inversión superior a los dos millardos de pesos, para resolver definitivamente “las inundaciones sistemáticas, principalmente en la ciudad de Villahermosa”.
Así, para estos fines el gobierno federal canalizó a los gobiernos de la entidad miles de millones de pesos durante años recientes, sin que se haya logrado la utilidad esperada de la aplicación de estos recursos.
Esto ha llevado a algunos a demandar la aclaración del destino de estos recursos y a reclamar una responsabilidad de las administraciones de Tabasco en la tragedia, incluyendo en ello la postergación en la realización de obras hidráulicas programadas y con recursos asignados.
Pero no todas las acusaciones han ido dirigidas hacia los gobiernos del Estado. También se ha cuestionado la falta de prudencia y previsión en el desfogue de la presa Peñitas por parte de la Federación.
Todo ello obliga a que, una vez que se haya superado la emergencia, se lleven adelante las investigaciones conducentes para determinar los elementos que pudieron haber incrementado la magnitud de la tragedia.
Es verdad que en ello juega un papel muy importante el cambio climático y su secuela de variación de los volúmenes de precipitaciones fluviales, pero tal vez ello no sea todo lo que explique lo ocurrido. Puede decirse, al margen de razones técnicas que es difícil determinar por un lego, que la naturaleza es condición necesaria, pero que eventualmente concurrieron otros factores para determinar la magnitud de la tragedia.
En todo caso, el desastre resultaba previsible y era financiera y materialmente factible avanzar con las obras de infraestructura para evitarlo y llevar adelante programas orientados a la disminución de su impacto, educando a la población para enfrentar mejor estas situaciones.
Por ello, sería de primordial importancia clarificar las razones de la postergación de las obras y deslindar que tanto este fenómeno fue producto de causas naturales y qué parte es producto de ineficiencias o, inclusive, de corrupción.
Y ello no para que se emprenda una “cacería de brujas”, aunque habría que sancionar todo lo que se descubriera fraudulento y efectuar una investigación abierta, transparente, de cara a la ciudadanía, no como asunto privado o encubierto que pudiera proteger intereses y prestarse al juego político.
El objetivo central sería entonces determinar puntualmente los factores propiciadores de esta tragedia y la participación de cada uno de ellos en lo ocurrido, para llevar adelante, ahora sí, las acciones que efectivamente eviten su repetición, sean estas obras materiales que impidan lo que sea posible, o programas sociales de educación y organización que aminores los efectos de los meteoros en lo que no sea posible evitar.
Está de más decir que en ello no puede dejarse de lado la tarea de evaluar acciones radicales que resuelvan de fondo el problema.
Algunos vínculos externos
- “En Tabasco, las mayores lluvias en 47 años”, Investigación y Desarrollo, enero de 2000.
- “La tragedia se pudo evitar: ONU”, Milenio, 4 de noviembre de 2007.
- Granados Chapa, Miguel Ángel, “A Tabasco, solidaridad y transparencia”, Reforma, 4 de noviembre de 2007.
- Pardiñas, Jonathan, “Granier previó la tragedia; nadie le hizo caso”, Milenio, 5 de noviembre de 2007.
- Zepeda Patterson, Jorge, “Tabasco, corrupción y desidia”, El Universal, 4 de noviembre de 2007.
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