0024 / 2008-05-30
QUO VADIS?
Ricardo de la Peña.
Culmina un mes en que la reforma petrolera ha pasado de tener que cruzar un sendero pedregoso a uno pantanoso, si no es que francamente lleno de fárrago.
Eran varias las piedras puestas en la ruta de la reforma deseada. Había que transitar por un debate que abundaría en el tema y alimentaría la revisión para fines de dictamen de las propuestas presentadas por el Ejecutivo federal. De aprobarse en comisiones, se subiría al pleno de la Cámara alta para votarse y luego debía andar la ruta propia en la Cámara de Diputados. De lograrse la aprobación, una vez expedidas, las reformas se convertirían en leyes.
Pero las rocas mayores no eran el debate, aunque había que salvarlo e idealmente ganarlo cara al público interesado. No.
El principal escollo era el logro del respaldo legislativo requerido para la aprobación de las propuestas en ambas Cámaras. La conformación de esta mayoría no era fácil ni barata. Implicaba una ardua negociación con las cabezas políticas que podrían pactar y garantizar los apoyos necesarios.
Desconocemos el estado este proceso de intercambio y concertación. Es esperable que los promotores de la reforma hayan avanzado en ello y amarrado los casos suficientes para posibilitar el triunfo en una votación legislativa.
Sin embargo, debe reconocerse que, más allá de cualesquier acuerdos alcanzados, la ratificación de convenios debía esperar al momento previo a la emisión de los votos. Y el precio por la confirmación estaría empatado con los niveles de respaldo popular a la propuesta, la relevancia de los intereses atendidos por los acuerdos, la beligerancia de los oponentes y la expectativa de costos electorales derivados del respaldo, entre otros factores.
Pero los costos y problemas derivados de una eventual reforma en la materia no se agotaban con el proceso legislativo. Se sabía, se sabe, que existiría una resistencia activa, abierta, por parte de los legisladores y organizaciones que conforman el Frente Amplio Progresista al proceso.
Lo ideal para los oponentes: haber alcanzado acuerdos políticos que impidieran la conformación de una mayoría a favor de la reforma. En caso contrario, lo esperable en el seno del Legislativo federal era la búsqueda por obstruir la revisión, dictamen y votación de las propuestas de reforma, apoyados en la supuesta carencia de constitucionalidad y consenso hacia las mismas, pretendidamente exhibido en el debate.
Lo esperable en las calles: la movilización “civil” y “pacífica”, operada por las brigadas supuestamente fortalecidas en el interludio del debate. Las acciones podrían pasar de la mera manifestación ruidosa a provocaciones mediante actos que pusieran contra la pared a la autoridad, que enfrentaría la elección entre la pasividad claudicante y una riesgosa activación de la respuesta policíaca.
Ese era el panorama al inicio de mayo. Al final del mes, a las piedras en el camino se suma el cieno de las consultas.
Al mediodía del jueves 29, en la sesión del debate sobre el tema, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo el anuncio de que se convocaría formalmente, con el apoyo de la autoridad electoral local, a una consulta sobre la reforma en materia petrolera.
Desde luego, el partido de origen de este gobernante no solamente apoyó la propuesta, sino que apuntó que impulsaría la celebración de consultas en otras entidades de la República. Y pareciera ser que algunas entidades se podrían llevar a cabo ejercicios similares en la fecha elegida por la autoridad capitalina: el próximo 27 de julio, apenas unos días después de concluido el debate y antes de proceder al dictamen de las iniciativas.
Desde el Senado, se escucharon voces que alertaron de la carencia de facultades por parte de las autoridades capitalinas para una consulta de esta naturaleza.
¿Cuál es realmente la situación al respecto?
Si las propuesta se apegan o no al marco constitucional, ello sería materia de revisión por las instancias internas competentes del Legislativo o, en caso de aprobarse una reforma con contenidos que al parecer de una parte relevante del cuerpo de legisladores es contraria a la norma constitucional, sería asunto a revisar por el Poder Judicial de la Federación, con un procedimiento claramente establecido en las leyes.
Legalmente, aunque en la mayoría de entidades federativas existe la figura del referéndum, ésta no aplica para el tema en cuestión, pues no se trata de una iniciativa de reforma constitucional (materia de consulta en una decena de entidades) ni es un asunto de interés local, sino nacional.
En el plano federal, no existe una legislación que otorgue a los ciudadanos en derecho a participar en procesos de consulta directa para la aprobación de reformas legales. Ni el plebiscito, ni el referéndum, ni la iniciativa popular se encuentran reguladas. Y es estirar la liga en demasía pretender que las consultas para la planeación reguladas en la Constitución operen para el caso.
Así, no existe un procedimiento legal en México para realizar una consulta sobre las iniciativas de reforma en materia petrolera. Y tampoco es posible activar ningún procedimiento legal para conocer la voluntad ciudadana sobre una reforma una vez aprobada por los órganos de representación.
Este vacío es un pendiente a analizar y regular, no una decisión firme de prohibir estos recursos. La apelación a su inexistencia por parte de algunos promotores de la reforma y su supuesta defensa al carácter representativo de la democracia mexicana es aberrante: los principales partidos nacionales, incluyendo Acción Nacional, han presentado iniciativas para normar procedimientos de democracia participativa como complemento no supletorio de la democracia representativa existente en el plano federal.
Además, la figura del referéndum, con sus limitaciones, es hoy en día vigente en la mayor parte del país. Dos de cada tres entidades federativas cuentan con esta figura para la ratificación de reformas en materia de interés local y más de la cuarta parte para reformas constitucionales. Afirmar que el recurso a estas formas de participación debilita nuestra democracia es afirmar que nuestra democracia es débil, porque están vigentes estas herramientas de consulta a nivel local, y es decir que su propio partido ha debilitado la democracia, al auspiciar el establecimiento de esta figura en diversos estados.
Pero apoyar el establecimiento de formas de democracia participativa no implica necesariamente un acuerdo con la aplicación de estas formas al caso en cuestión. Las limitantes para apelar a la realización de un referéndum en la materia serían, al menos, la inexistencia de una propuesta definitiva de reforma (que sería sobre lo que debiera consultarse al electorado) y, sobre todo, el nivel secundario de las normas que se propone reformar.
En todo caso, pudiera tratarse de un plebiscito, entendiendo por tal la consulta al cuerpo electoral para conocer su opinión sobre una propuesta que concierne a la soberanía, alternativa al referéndum, de carácter facultativo y consultivo, no decisorio.
La equívoca competencia de autoridades locales para convocar a una consulta en torno a la propuesta de reforma petrolera, más allá del respaldo popular que concite, pudiera complicar más el panorama, sobre todo si el rechazo a este procedimiento lleva a órganos legislativos federales a promover acciones para impedir que las autoridades capitalinas lleven a cabo esta consulta o, lo que sería más grave, a buscar la ruta para sancionar su realización.
Sin embargo, una vez comenzado a andar el camino a las consultas, se antoja muy difícil que logre impedirse su realización. A lo más, se les desacreditará como ilegales y se les verá como expresiones partidarias, más que manifestaciones del sentir ciudadano.
Dejemos de lado esta posibilidad para concentrarnos en las condiciones en que pudieran operarse estas convocatorias.
Algunas decisiones parecieran maximar el alcance participativo y la eficiente organización de las consultas, lo que redundará en su credibilidad.
Apelar a los órganos electorales legalmente constituidos para su realización echa mano de la experiencia y probada capacidad de estas instituciones para preparar este tipo de procesos; dejarles la tarea de cómputo garantiza el respeto al voto; promover vertientes institucionales de convocatoria incrementa la posibilidad de que los ciudadanos se informen y eventualmente concurran a las consultas.
Empero, es dudoso si los organismos electorales a nivel federal y local tienen competencia y pueden disponer de recursos para los fines de realizar estas consultas. De no llevarlas adelante a través de estas instancias, su alcance y seriedad estaría en predicamento.
En contrapartida, la inexistencia de una reforma legislativamente sancionada obligará a recurrir a formulaciones genéricas de cuestionamientos, que pudieran no responder al punto central de si se aprueban o rechazan los términos de la posible reforma.
Por ejemplo: no es lo mismo respaldar o repudiar una propuesta de reforma concreta que ver en ella un carácter privatizador. Hoy, en México, además de quienes vinculan aprobación o rechazo con ser o no ser una propuesta privatizadora, hay quienes ven un contenido privatizador en la propuesta presentada por el Ejecutivo federal y a pesar de ello, o por ello, la respaldan; y hay quienes no la ven como privatizadora, pero la rechazan.
Casar un supuesto sentido privatizador con rechazo a la propuesta es pura ideología. Y se corre el peligro de que lo que se consulte responda a cuestionamientos ideológicamente sesgados y no permita un conocimiento claro de la voluntad ciudadana ante la reforma posible.
Otro aspecto que limitará la capacidad de convocatoria y oscurecerá su significado es el esperado y hasta hoy manifiesto rechazo a estas consultas por parte de instituciones federales y del partido con mayor presencia en el legislativo.
El rechazo abierto tendería a inhibir la concurrencia a votar de quienes apoyan la propuesta de reforma. Luego, el resultado de los ejercicios tendría como telón de fondo una participación diferenciada según la opinión respecto al propio tema de la consulta, lo que incidiría en su validez.
Esta polarización de actitudes ante las consultas redundaría así en resultados menos aceptables para sus detractores, pero daría más fuerza al argumento de rechazo popular para quienes se oponen a la reforma. Y los resultados estarían antes de dictaminar las iniciativas.
¿Qué puede esperarse que pase después?
El impacto de las consultas dependerá de diversos factores: qué tanto cubran una mayor cantidad de entidades federativas; qué tanto logren convocar a una proporción elevada del electorado; qué tan contundentes sean sus resultados.
Suponiendo que será más factible que estas consultas se realicen en entidades donde el sentir popular es contrario a la reforma y que la concurrencia a las urnas estará favorecida por la actitud de rechazo a las iniciativas y disminuida por su aceptación, es esperable que los resultados reflejen una mayoría que se opone a las propuestas.
La carta del rechazo popular se subirá a la mesa de negociación para dictaminar las iniciativas. Ello facilitará que los oponentes emprendan negociaciones dirigidas a su rechazo o que reduzcan el alcance de por sí corto de las propuestas y, de no lograrlo, les dará mayor legitimidad para impulsar acciones orientadas a la obstrucción del proceso legislativo, dentro y fuera de los recintos.
Para la conformación de la mayoría requerida para la aprobación de la reforma, el precio será más alto. Se habrá mostrado un rechazo de un segmento del electorado a la propuesta, lo que pudiera ser arma para subir las contraprestaciones al respaldo: otras reformas, apoyos financieros, inclusión en espacios decisorios.
Y aún así se buscará matizar la propuesta, quitándole elementos poco atractivos a los ojos del electorado, al menos desde la percepción de quienes otorgarían los votos para asegurar la mayoría.
¿Qué pueden, qué deben hacer los promotores de la reforma ante este escenario?
Si la carreta no puede andar entre las cenagas y peñones, una opción es dejar de intentar el avance. Detener las acciones orientadas a conformar la mayoría requerida elude el pago del costo por respaldos, pero asegura que las iniciativas sean simplemente desechadas.
Si bien eso evitar pagar el precio incrementado por lograr la aprobación y desactivar el potencial conflicto consustancial al programa de movilizaciones de resistencia a la reforma, implica una derrota para el gobernante. Es su Atenco redivivo. Y, desde luego, implica una victoria para sus oponentes, que buscarán capitalizarla en las próximas elecciones intermedias y más adelante, en la futura contienda presidencial.
Para evitar la derrota, podría pensarse que hay que andar el farragoso camino, pagar el precio de los votos para lograr la mayoría y enfrentar las protestas con mesura hasta su desgaste.
Aunque pudiera concluirse el proceso legislativo con la aprobación de reformas, es muy factible que lo que se norme sea una versión cercenada de las iniciativas de por sí limitadas para buscar de antemano un consenso. Y el costo en recursos y competencias para quienes aporten los votos requeridos pudiera ser más elevado que el beneficio derivado de las nuevas normas.
Ante el frente opositor a la reforma, si bien no lograrían su primer objetivo, les quedaría el recurso de la movilización, no desactivada. Y apostar a su alcance reducido y a su pronto agotamiento es descalificar la capacidad creativa del contrario, lo que pudiera ser soberbia, no necesariamente realidad.
Es cierto que son pocos los activistas. Es verdad que se concentran en un territorio reducido. Es correcto que sus potencialidades de acción son limitadas. Pero también es cierto que su cabeza lo sabe y buscará por ello nuevas vertientes de acción, propiciar errores desde el poder, prolongar la lucha para montarla en el proceso electoral ya por venir.
Y es posible, no seguro, que logre al menos parcialmente sus propósitos, más ahora que gozaría de la legitimidad que le otorgarán los resultados de consultas, al menos desde el punto de vista de sus seguidores y de un segmento de una ciudadanía claramente proclive a respaldar fórmulas de participación directa en la vida democrática.
En este escenario, las elecciones intermedias tratarían de ser convertidas en una suerte de plebiscito de respaldo o rechazo al gobierno. La polarización daría aire a la opción electoral oponente, aunque también bandera al reformador, dejando en condición precaria al tercero en discordia.
Este último elemento pudiera inclinar la balanza antes de llegar al proceso electoral. Cada vez es más claro que el otorgamiento de apoyo a las propuestas de reforma será encarecido por los actores del Revolucionario Institucional y que a su vez el precio a pagar por la aprobación pudiera ser más alto para este partido: no sólo no lograría la legitimidad que pudiera alcanzar por una pretendida defensa de la soberanía, sino que pudiera quedar atrapado entre dos fuegos.
Ante la elevación del monto de las apuestas, se antoja que esta ruta no es la más pertinente. Pero tampoco el retiro de la plaza es la mejor opción. ¿Existe una tercera vía?
Sí. En política las opciones casi nunca son dicotómicas. Explorar la integración de una propuesta que parta de una lógica radicalmente distinta a la implícita en las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal y que pudiera surgir de un acuerdo en el seno del Legislativo, entre PAN y PRI, pudiera ser una vía de escape de un terreno tan fangoso.
Los términos precisos de esta nueva iniciativa, que simplemente supliría la anterior, no necesariamente debiera retomar todos los contenidos de la original, pero tampoco tendría que desecharlos. Su aparición debiera hacerse a tiempo para abortar los procesos de consulta en marcha u obligar a redefinir sus contenidos.
Pero también estaría abierta la opción de que se atendiera el obvio y elemental reclamo ciudadano para ser consultado en la materia. Abrir una negociación entre las diversas fracciones para acordar tiempos, formas y procedimientos para llevar adelante una consulta nacional legal, mediante acuerdo parlamentario o impulsando las reformas legales conducentes, es una manera de enfrentar el atasco.
Una consulta nacional, llámese plebiscito o como se quiera, que organice y vigile la autoridad electoral federal y que convoquen conjuntamente todas las fuerzas políticas del país garantiza una mayor participación y un resultado que tienda a reflejar de manera más diáfana el sentir de la mayoría del electorado.
Y hoy sería esperable que una consulta a la que sea convocada la totalidad del cuerpo electoral de la República, logrando elevados niveles de información y con una amplia y eficiente organización, donde se pregunte si se deben aceptar o rechazar las propuestas de reforma, todavía tendría por resultado una mayoría que respaldase las iniciativas.
Después, emprender el proceso legislativo para su perfeccionamiento y aprobación difícilmente podría ser obstruido por los opositores a la reforma, quienes en todo caso carecerían de legitimidad y sustento para llamar a una movilización prolongada.
A veces hay que subirse a la cresta de una ola para orientar la nave a buen puerto.
Artículos relacionados
 Urnas para el petróleo (El Búho de Minerva 0023 / 2008-05-21).
Mitos y retos (El Búho de Minerva 0022 / 2008-04-30).
Máximos y mínimos (El Búho de Minerva 0021 / 2008-04-21).
La forma es fondo (El Búho de Minerva 0020 / 2008-04-16).
PEMEX en su encuesta (Milenio Diario 2008-03-10).
 Versión para imprimir
|
