0027 / 2008-07-21
¿CÓMO LEER LA CONSULTA?
Ricardo de la Peña.
El próximo domingo 27 de julio se cubrirá la primera de tres rondas de una consulta partidaria en lo nacional, pero gubernativa en la capital.
Las dos preguntas que se plantearán al cuerpo electoral fueron diseñadas por el órgano electoral del Distrito Federal para satisfacer una demanda emergida del Gobierno de esa entidad y, por ende, responden a la preocupación e interés de esta autoridad. Y un frente partidario, el Amplio Progresista, las toma como propias para supuestamente llevar la consulta a todo el resto del país.
Pero, ¿qué expresarán los resultados de esta consulta? ¿Realmente reflejarán la opinión de los ciudadanos mexicanos en torno a las iniciativas de reforma en materia petrolera enviadas por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión o no lo harán?
Son tres los factores fundamentales que determinan el alcance, la representatividad, de una consulta de esta naturaleza: las condiciones prácticas para su realización; la pertinencia, validez y neutralidad de los cuestionamientos; y la capacidad de convocatoria que logren los organizadores.
Tratemos primeramente el punto de la organización de la consulta.
Aunque tardía y parcialmente se han ido conociendo las condiciones específicas en que se realizará la consulta. Se informa que se dispondrá de un “blindaje” que evitará la falsificación de boletas. Se supone que se contará con los materiales y apoyos logísticos que permitan el ejercicio del voto de manera secreta. Que se recurrirá al tradicional procedimiento de marcado para evitar la duplicidad del voto por un mismo ciudadano.
Pero se soslaya la precariedad en diversos elementos fundamentales para garantizar un resultado confiable. Primero que nada, se desconoce quiénes y cómo integrarán las mesas encargadas de organizar y vigilar el acopio de las opiniones. Se carece de reglas que impidan la inducción del voto y el acarreo de votantes. Se reserva la propia autoridad convocante la integración del cuerpo técnico organizador y los procedimientos y encargados del cómputo y calificación del proceso.
Por otro lado, se dispone que las mesas receptoras de opiniones se ubiquen en espacios públicos abiertos (parques, mercados, estaciones de transporte), todos ellos vinculados a la propia estructura del gobierno capitalino, lo que hace temer que sean los propios servidores públicos los responsables de su establecimiento y operación, convirtiendo la consulta en un ejercicio desde el gobierno y para el gobierno.
Si todo ello muestra un trato del proceso como “cosa nostra” del gobierno en la capital, al menos se puede supone que en esta entidad se buscará librar un mínimo respetable de condiciones que hagan parecer que la consulta fue un ejercicio con pretensiones de neutralidad.
Esto no es así en el caso de la consulta en el resto del país, donde la organización, integración de mesas, cómputo y promoción del ejercicio estará en manos de organizaciones partidarias que han tomado una posición clara ante las propuestas de reforma. Todo, menos imparcialidad, puede esperarse de ellos.
Esto nos lleva a una primera conclusión: aunque los organizadores partidarios pretenderán disponer de un resultado nacional, se trata de dos consultas claramente diferenciadas: la que se realizará en el Distrito Federal y la que se efectuará en el resto del país. Las condiciones, logística y garantías de una y otra consulta son distintas. Mientras en la entidad capital se tratará de una típica consulta estatal, en el resto del país será una consulta partidaria.
Pasemos al tema de las preguntas, que serán las mismas en ambas consultas.
Mucha tinta ha corrido para destacar los equívocos existentes en la redacción de los cuestionamientos. Algunos se han resuelto cuando se han conocido aspectos relacionados con los procedimientos de consulta: aunque son dos preguntas, numeradas en su difusión, se dispondrá de dos boletas diferenciadas, lo que hace posible que se lean y se emita el voto en distinto orden en unos que en otros casos.
Los principales cuestionamientos que quedan en pié son entonces el carácter agregado y el sesgo de los cuestionamientos.
Del sesgo en los cuestionamientos, el principal consiste en incluir una afirmación categórica al inicio de la primera pregunta, que advierte que actualmente actividades como el transporte o la explotación de hidrocarburos son realizadas de manera exclusiva por el gobierno.
Dejando de lado la identidad que supone la redacción adoptada entre gobierno y empresas públicas, es falso que en las actividades listadas no participen actualmente empresas privadas. Baste recordar que es sabida la contratación de buques, pipas y otros medios de transporte; y que lo que está a discusión no es el ingreso o no de privados a actividades como la explotación, sino las modalidades permitidas para su contratación.
¿Qué nos diría, objetivamente, una respuesta mayoritariamente de no-acuerdo en esta pregunta? ¿Es siquiera posible pensar en PEMEX como un islote productivo desvinculado del resto de la economía, incapaz de contratar servicio alguno, de apoyarse en cualquier recurso externo a su estructura? Lo inútil del cuestionamiento entonces mostraría su objetivo ideológico, no práctico.
Respecto al carácter agregado, en la primera pregunta se pretende obtener una declaración de acuerdo o no de acuerdo con la participación privada en diversas actividades específicas dentro de la cadena productiva del sector petrolero, para las que se ha constatado previamente, a través de diversos ejercicios demoscópicos, que existen niveles diferenciados de aceptación.
Se fuerza así al ciudadano a manifestarse inequívocamente sobre si está de acuerdo o no con el ingreso de capital privado en actividades diversas, pudiendo este ciudadano ver con buenos ojos que se recurra en mayor medida al particular para prestar determinados servicios y no otros.
Se induce luego una respuesta única a un fenómeno complejo. Y quién sabe qué responderá el ciudadano consultado: ¿un no supondrá que rechaza toda forma de incorporación de privados? ¿un sí supondrá que no acepta limitación alguna a la participación privada en estas actividades?
La segunda pregunta, la central, conduce al mismo equívoco, al agrupar la aceptación o no a las diversas iniciativas en un único cuestionamiento, cuando se trata de muy diversas y variadas propuestas, susceptibles de aprobación o rechazo particular y que muy factiblemente sean temas particularizados de discusión en el Legislativo.
Ello, dejando de lado la imprecisión sobre que las iniciativas son las que se “debaten actualmente en el Congreso”, lo que es falso, para evitar referirse a que son las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal en ejercicio de sus funciones. Este sesgo es expresión de una concesión partidaria a la que los redactores debieron ser ajenos.
Suele decirse que la lógica de agrupamiento en una única pregunta es común en ejercicios de esta naturaleza. Es verdad. Pero ello suele ocurrir en procesos ratificatorios, no en consultas cuya única finalidad pudiera ser orientadora.
Cuando una vez concluido un proceso de revisión y aprobación legislativa se consulta al cuerpo electoral, se le pregunta simplemente si avala o no una norma. Cuando de lo que se trata es de ver qué sí o que no se aprueba, el asunto es mucho más complicado y no es pertinente una reducción de esa envergadura.
Otro punto a objetar es el acotamiento de lo que se preguntará. Ello atiende no a las preguntas mismas, sino a lo ausente. ¿Por qué no preguntar por lo relativo a las propuestas para dotar a PEMEX de mayor margen de autonomía presupuestal, técnica y de gestión? ¿Por qué no conocer la opinión ciudadana sobre las propuestas de transparencia y control administrativo? ¿Y qué con los “bonos ciudadanos”?
Puede calificarse a estas críticas como parte de una campaña de descalificación del proceso. Pero conviene recordar que estos cuestionamientos no solamente se han externado por críticos, sino que han hecho eco de ellos organizaciones erigidas por los propios convocantes como auditores de la consulta.
Pasemos finalmente al punto de la capacidad de convocatoria y la expectativa de participación ciudadana en la consulta.
Aunque en miras de facilitar el ejercicio de voto en cada mesa receptora podrá votar cualquier ciudadano, lo esperable es que existan limitaciones en el alcance de la convocatoria y serios sesgos en el perfil de quienes concurran a votar. Veamos.
De entrada, en el Distrito Federal, aún siendo una consulta de Estado, diversos avatares y restricciones al ejercicio presupuestal y a la realización de tareas de difusión de la convocatoria, así como serios retrasos en la organización –que se expresaron de manera clara en la resolución a última hora de las preguntas a consultar-, llevan a pensar que la consulta atraerá a una proporción francamente minoritaria del cuerpo electoral.
Ello es asumido por los propios organizadores, que apenas proponen la colocación de un centro de votación por cada dos secciones electorales en promedio, en los que se dispondrá de una cantidad de boletas que sería insuficiente para que pudieran expresar su opinión la totalidad de los ciudadanos residentes en la entidad.
Es decir: en el supuesto irreal, que suele ser premisa obligatoria para el organizador de una consulta, de que la totalidad de los ciudadanos registrados en la entidad capital decidieran ir a manifestar su punto de vista, las boletas existentes serían insuficientes para que sufragaran.
La propia decisión de sitios en que se habrán de colocar las mesas receptoras y la estrategia de difusión llevada adelante refuerza una tendencia que ha sido medida en ejercicios demoscópicos previos: quienes pretenderán ir a sufragar tenderán a tener una opinión más contraria a las propuestas de reforma que el resto de la población.
Si a esto sumamos la actitud indiferente asumida desde el PRI y la posición de descalificación del ejercicio tomada por el PAN nacional y por el gobierno, es de esperarse que no existan incentivos mayores entre quienes apoyan la reforma para concurrir a votar, lo que reducirá la participación y sesgará más el resultado.
En el plano nacional, a la fecha la mayoría de los ciudadanos desconocen que se realizará la consulta, cuándo se hará, quién la organiza y qué se preguntará. El carácter fundamentalmente partidario de esta consulta en los estados de la República y el alcance limitado y desconocido de la organización hace presumir que los votos que efectivamente se logren acopiar serán pocos, producto más de la movilización partidaria que de una convocatoria amplia al electorado. El resultado, desde luego, será contrario a las iniciativas de reforma, dado el sesgo impreso en el proceso de consulta.
Es aquí donde tendremos dos significados distintos para los resultados de la consulta:
Desde los reformadores, será un ejercicio intrascendente, que no reflejara la opinión del grueso de los electores ni impondrá obligación alguna al Legislador, que seguirá siendo libre para discutir y decidir qué hacer con las iniciativas de reforma presentadas por el Ejecutivo federal, cómo adecuarlas y en su caso qué aprobar para que se convierta en norma.
Desde los organizadores, será un testimonio que pondrá en evidencia la existencia de una capa social solidaria con una opción partidaria que rechaza abiertamente las propuestas de reforma impulsadas desde el Ejecutivo federal, más por identificación con una posición de partido que por motivaciones razonadas y fundadas en un conocimiento cabal de lo propuesto.
El reconocimiento de la existencia de este segmento crítico, contrario a la reforma, y de la pertinencia de atender su punto de vista para, eventualmente, matizar los alcances de lo que se apruebe, no impone una renuncia por parte de los reformadores a su pretensión de cambiar las reglas existentes por unas más acordes con las necesidades operativas de la industria.
Sin embargo, es de esperarse que esta sea la lectura que den al resultado de la consulta los sectores opositores más radicales. El resultado esperado será visto y puesto como franca y clara expresión de una voluntad popular, soslayando el alcance limitado y sesgado de las consultas. De allí no seguirá más que la reiteración del rechazo a la intención misma de reforma y el llamado a una movilización para evitarla a cualquier costa.
En resumen: la consulta será un ejercicio de alcance limitado, que no reflejará el punto de vista de los ciudadanos en su conjunto, aunque sí dará testimonio de la existencia de una franja del electorado que rechaza la reforma.
A pesar de ello, una vez pasados los tiempos del debate y de la consulta, las posiciones volverán a ser las que eran antes y, de darse continuidad al proceso de reforma, podrá regresarse al escenario de confrontación, con nuevos elementos, nuevos recursos, nuevas circunstancias, pero siendo lo que es: la crónica de una guerra anunciada.
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