0029 / 2008-08-27
¿Y LUEGO, QUÉ?
Ricardo de la Peña.
Luego de cuatro meses de presentadas las iniciativas de reforma en materia petrolera por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, una vez realizado el debate en el Senado sobre el tema, de realizada la primera ronda de una consulta partidaria y de incorporadas las propuestas priistas para esta reforma, cabe preguntarse dónde estamos parados.
Vayamos haciendo un rápido balance de estos distintos aspectos, para ver si encontramos algunas pistas:
De una amplia y elevada aceptación inicial a las propuestas del Ejecutivo federal para reformar el sector petrolero, se pasó en pocas semanas a un ambiente más crítico y polarizado, donde la opinión en torno al sentido y finalidad de la reforma correspondía más a una visión partidaria que a un análisis de fondo de las iniciativas.
Es claro que los pesos históricos de las diversas opciones partidarias marcaba de entrada los límites del rechazo: la mayoría se mostraba y muestra a favor de la reforma, pero una minoría no despreciable se pronunciaba y pronuncia en contra.
Es así como la lectura de las sesiones de debate fue dual: para los reformadores estaba claro que la mayoría de expositores, pero primordialmente los técnicos, estuvieron a favor de las propuestas enviadas desde la Presidencia de la República; para los opositores a la reforma, les parecía igualmente claro que el Ejecutivo había perdido la batalla ante la opinión pública, llegando incluso a demandar el retiro de sus iniciativas.
La consulta partidaria también tuvo un saldo ambiguo. Para los reformadores, el impacto de este evento en el ánimo ciudadano fue ínfimo, dada la escasa capacidad mostrada por los convocantes y el sesgo partidario de los concurrentes, lo que restaba representatividad a los resultados. Para los promotores, este ejercicio habría logrado convocar una cantidad mayor de personas que experiencias previas, al menos en la entidad capital, y sus resultados eran claro reflejo del rechazo mayoritario a las propuestas de reforma.
Así, el escenario actual sería básicamente el mismo que al término del período ordinario de sesiones en abril: panistas y priistas puestos cara ante una negociación para darle viabilidad a la reforma, con un perredismo reacio a cambiar el marco normativo en la materia.
Dos salvedades, no los eventos supuestamente centrales (debate y consulta), cambiaban sin embargo el escenario: la presentación de propuestas alternas para la reforma por partidos opositores y el ahondamiento de las divisiones en el seno de la fracción perredista.
Un paquete de propuestas, incorporadas al debate por el otrora partido gobernante, pone sobre la mesa condiciones para una negociación más diáfana, de la que pudiera surgir un acuerdo al menos bipartidario que permita dictámenes viables de ser aprobados.
El reto para el gobierno y su partido es ahora encontrar el punto de entendimiento sin que ello implique la claudicación en aspectos esenciales, que dan riqueza y funcionalidad a la reforma para los objetivos pretendidos.
Lograr este punto de equilibrio permitiría avanzar la reforma. De no lograrse o de ubicarse demasiado lejos el punto de acuerdo respecto de lo aceptable para el gobierno, la reforma simplemente debiera quedar para otro momento.
A esta redefinición del alcance de la reforma pudiera o no sumarse el sector legislativo moderado del perredismo. En cualquier caso, con su anuencia o sin ella, podría darse cause legal a los cambios en las normas. Ese no es y nunca ha sido el problema más delicado.
Como referimos implícitamente antes, el perredismo se muestra ahora más claramente dividido entre un sector moderado, proclive a dialogar sobre los contenidos potenciales de una eventual reforma, y un sector radical, orientado a la movilización de protesta y rechazo ante cualquier intento por avanzar una reforma.
Empero, resulta difícil asegurar que sea un hecho ineludible que al final del camino pesarán más las diferencias que el liderazgo iluminado en este bloque. Al margen de los conflictos y tensiones consustanciales a la disputa por la dirigencia orgánica y programática del partido, es muy factible que al momento de tener que tomar posiciones ante la batalla, predomine la visión maximalista y radical sobre la de los negociadores.
Pero, aun suponiendo que el bloque moderado vaya con los reformadores y se oponga a toda forma de presión, movilización o enfrentamiento para obligar un acotamiento o repudiar de tajo cualquier reforma, no es necesario su concurso para que la facción radical lleva adelante sus amenazas largamente anunciadas de resistencia y obstrucción a todo intento de reforma.
Ya lo han dicho desde diversos templetes y en múltiples ocasiones: se opondrán a todo cambio contrario a una voluntad del pueblo pretendidamente mostrada en las urnas en una insípida consulta contraria a toda pretensión privatizadora, desde su propia perspectiva.
Han definido lo inaceptable, lo han erigido en voluntad popular y lo han reclamado como retén ineludible. Han advertido que resistirán y han aprovechado la ocasión para amenazar con enfrentamientos, que pasan por el asalto a las tribunas parlamentarias, la toma de calles y espacios para, finalmente, propiciar la caída del gobierno. Se trata, liza y llanamente, de una propuesta insurreccional: movilización sin concesiones hasta donde tope.
Como siempre, el vaso puede verse medio lleno o medio vacío. Para los optimistas, se trata de proclamas sin fuerza para realizarse, amenazas increíbles. Para los pesimistas, es el punto culminante de una confrontación que polarizó inicialmente a la sociedad y que hoy supone el desbordamiento de los límites de lo tolerable.
En un estado democrático, el gobierno tiene la potestad de ejercicio del monopolio de la violencia legítima. En nuestro país, sin embargo, el gobierno ha claudicado a su empleo desde hace cuatro décadas, como consecuencia de excesos, pero también como secuela de la inexistencia de un sistema legitimado de reglas para procesar los diferendos donde el recurso a formas de presión o violencia extralegales se encuentre proscrita.
Por muchos años las movilizaciones han sido la contraparte de un sistema de componendas y corrupción donde está ausente la legalidad o es susceptible de negociación.
En las próximas semanas es posible que la “resistencia civil” a la reforma petrolera muestre las limitaciones de un desgastado movimiento opositor, secuela de radicalismos sin respaldo social amplio, de fracturas en el seno de las organizaciones, de carencias de recursos y estrategias efectivas que sostengan su proyecto insurreccional.
Pero es posible también que lo que se muestre sea una capacidad desestabilizadora por parte de un movimiento que ha dejado de apelar al grueso de la población, en aras de consolidar núcleos orgánicos capaces de activar una protesta seguida e inflada por los medios y de realizar acciones de provocación en el límite de lo tolerable, pero más allá de lo legalmente permisible.
¿Es el enfrentamiento a estas movilizaciones mediante el recurso a las normas y la fuerza legítima del Estado la manera de confrontarlas, de ser el caso? ¿Gozará el establecimiento del consenso social suficiente para contenerlas mediante amenazas disuasorias que, para ser creíbles, deben poder hacerse efectivas?
Luego de la resolución de este dilema, quedará todavía una tarea pendiente, cuyo entorno se definirá en razón al alcance y resultado que tenga la disputa por venir.
Como acertadamente apunta Luis Rubio y Edna Jaime en El acertijo de la legitimidad, el sistema institucional debe atender el requerimiento de creación de las avenidas institucionales requeridas para canalizar las demandas sociales emergentes por vías legales, obstruyendo las vertientes alternas, pero abriendo opciones para dar voz al disidente y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos frente al poder.
De fondo, de lo que se trataría es entonces de una reingeniería del sistema, que genere un consenso hacia un esquema de reglas que garanticen la legalidad, obliguen a una rendición de cuentas efectiva, limiten la discrecionalidad e impunidad y fortalezcan la representación.
Hoy, el gobierno es capaz de concertar para impulsar sus preferencias legislativas, pero es incapaz de contener legítimamente movilizaciones y carece de opciones para canalizar inquietudes por vías institucionales. Puede detenerlas mediante el recurso a la violencia institucional, pero la factura en consenso es elevada. Puede desarticularlas una vez que se desgasten, pero paga una elevada cuota al dejarlas pudrirse. Puede evitarlas cediendo, pero tiene un cargo en materia de eficacia, en la velocidad para lograr los cambios requeridos.
Habría que tener una pista legítima, incluyente, que obligara a transitar por los canales institucionales a todas las fuerzas, so pena de marginarlas y enfrentar su supresión. Pero estos senderos deben ser amplios, luminosos, de fácil tránsito y, sobre todo, orientados no a la defensa de los poderes, sino del ciudadano.
Referencia bibliográfica
- Rubio, Luis y Edna Jaime, El acertijo de la legitimidad, Fondo de Cultura Económica-CIDAC, México, 2007.
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